CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — El canciller de Perú cuestionó el viernes, por no ajustarse a la realidad, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales de finales de 2022 en el que se denunciaba un uso excesivo de la fuerza y violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública peruana.
“Leí tres veces, muchas páginas las subrayé y encontré muchas medias verdades, muchas lagunas, muchas ausencias y llegué a la conclusión de que era un informe que no se ajustaba a una verdad integral”, expresó el canciller peruano Javier González-Olaechea Franco en una entrevista con The Associated Press, en la sede del Consulado de Perú en Coral Gables, una elegante ciudad vecina de Miami.
El titular de la Cancillería llegó a Estados Unidos el lunes para una serie de reuniones con funcionarios y empresarios locales, que incluyeron al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al Secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro; y a legisladores, entre otros. En Miami, también visitó el Comando Sur.
Sus palabras coinciden con las apreciaciones que realizó hace casi un año, cuando no era la máxima autoridad de la Cancillería, en una columna de opinión en la que puso en tela de juicio el informe. Hoy, aseguró, se ratifica en aquellas conclusiones en las que señaló que el documento de la CIDH se extralimitaba.
Sugirió, además, que los enviados de la Comisión Interamericana deberían haber hablado también con los familiares de los policías y militares que resultaron muertos o heridos.
El canciller dijo en la entrevista que ese informe indicaba que recogió una cantidad importante de testimonios de familiares de personas que habrían sufrido la violencia, “pero en ningún momento mencionó o evocó si habían consultado la opinión y el sentir de los familiares de los uniformados muertos o asesinados.”
“Para quienes lo escribieron, hay diferentes categorías de la vida. La vida vale más o vale más la vida de unos respecto a otros”, apuntó González-Olaechea.
La CIDH no respondió de manera inmediata un mensaje de la AP en busca de comentarios.
El organismo emitió su informe en mayo de 2023, tras las masivas protestas callejeras en Perú que empezaron después que la actual mandataria Dina Boluarte reemplazara al por entonces presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras intentar infructuosamente disolver el organismo legislativo e instaurar un gobierno de facto para evitar una votación que buscaba su remoción.
Un total de 49 civiles —al menos 30 de ellos a causa de proyectiles de arma de fuego— murieron en las manifestaciones y más de 1.700 personas resultaron heridas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. También siete uniformados perdieron la vida.
En su reporte, la CIDH dijo entonces que el Ejército y la policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos y un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas de finales de 2022 y comienzos de 2023, que exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Congreso.
Pocos días después de la publicación del informe, González-Olaechea publicó una columna de opinión titulada “El informe” en el diario peruano El Comercio, en la que se preguntó: “Si esto no es una inaceptable violación a nuestra soberanía política, ¿qué es?”.
En ese momento no era canciller ni funcionario público.
En su artículo de opinión, expresó que el reporte de la CIDH “es un recuento selectivo e impregnado de apreciaciones políticas” y que “el documento se extralimita en todo cuanto puede”.
Consultado el viernes sobre su opinión actual, como canciller, acerca de la CIDH y de su reporte, González-Olaechea dijo que su posición sobre el organismo no había cambiado.
“Ninguna actuación posterior de los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos me ha hecho cambiar de opinión”, expresó el diplomático peruano. “Lo que más quisiera (es) que me hagan cambiar de opinión, favorablemente”, dijo.
Indicó asimismo que el gobierno continúa investigando hechos puntuales de violencia y dijo que si se determina que se cometieron abusos, el Ministerio Público determinará si encausa a esas personas individuales.
La presidenta y el ex primer ministro Alberto Otárola están denunciados por la fiscalía ante el Parlamento por homicidio calificado y lesiones graves por los fallecidos durante las protestas sociales.
Por otro lado, eludió pronunciarse sobre por qué el gobierno no se ha pronunciado acerca de la decisión del Congreso de inhabilitar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, un organismo autónomo encargado de garantizar la independencia judicial y del sistema electoral. Dijo que no le corresponde hacerlo. La controversia interna ha provocado una preocupación internacional sobre la independencia de poderes en Perú.
“La Constitución estipula con meridiana claridad en castellano que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República para disponer la investigación y eventual sanción de uno o varios miembros de la Junta Nacional de Justicia”, dijo el canciller. “Y justamente porque interpretamos al pie de la letra la interdependencia de poderes, es que optamos por no pronunciarnos”.
En su reunión con Blinken, le expresó que Perú está preocupado por las repercusiones internaciones del conflicto de Medio Oriente y se ha ofrecido a mediar entre israelíes y palestinos.
“Las diferencias entre una nación y otra no hacen más que poner cada vez más en riesgo al mundo,” dijo el canciller Javier González-Olaechea Franco. “Podemos facilitar el diálogo conjuntamente con otros países con igual trayectoria en el marco del respeto y de la seguridad e integridad territorial”.
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El periodista de la AP Franklin Briceño contribuyó con esta información desde Lima.
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