CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desestimó el viernes las críticas en su contra tras haber divulgado el número telefónico de una periodista de The New York Times que realizó un reportaje sobre supuestos financiamientos del narcotráfico a colaboradores del mandatario, lo que llevó a un organismo local a iniciar una investigación por posible violación a la ley de protección de datos personales.
Durante su conferencia matutina, López Obrador negó una vez más las informaciones difundidas el jueves por el diario estadounidense sobre supuestos aportes millonarios que habrían entregado narcotraficantes a aliados cercanos al presidente antes de las elecciones de 2018. Instó al medio a hacer una “autocrítica” y una “revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados”.
Al ser consultado sobre si fue equivocada la decisión de divulgar el jueves en su espacio matutino —conocido como “la mañanera”— el teléfono de la jefa de la corresponsalía en México del New York Times, Natalie Kitroeff, por los riesgos que eso representaría para ella, el gobernante descartó que eso pueda considerarse un error.
“Que cambie su teléfono”, replicó López Obrador, si es que la periodista se siente preocupada.
En una actitud retadora, señaló que estaba dispuesto a difundir nuevamente el teléfono de un periodista, si se daba el caso, aunque eso pudiera ir contra la normativa local de protección de datos personales. Justificó su postura en que “se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente del México”.
“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política, y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto… No somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que, porque es el New York Times y nos va a poner, y nos va a sentar en el banquillo de los acusados”, agregó.
La reacción del mandatario mexicano contra el periódico y su periodista fue objetada el viernes por la Casa Blanca, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), activistas, opositores y organizaciones que defienden los derechos de los periodistas, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
En un encuentro con medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que, aunque no conocía los reportes, no apoyaba que se diera a conocer el número privado de un periodista.
“Es importante que la prensa pueda informar con libertad de asuntos de interés para los estadounidenses y de una forma en que, obviamente, se sientan protegidos y seguros de que no van a ser expuestos o atacados”, manifestó Jean-Pierre.
Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, le recordó al mandatario que “nadie” puede estar por encima de las leyes, y que todos los funcionarios públicos, incluido el titular del poder ejecutivo, deben cumplir la ley de protección de datos personales y respetar la confidencialidad de la información, entre ellos el número telefónico. “Lamentamos, que desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”, dijo Alcalá en su cuenta de la red social X.
En el mismo sentido, el representante en México del CPJ, Jan-Albert Hootsen, consideró que la reacción de López Obrador era inquietante, y dijo a The Associated Press que representa “una muestra de desdén para leyes y para las instituciones en México”. Demuestra que para el máximo funcionario público del país “la impunidad sigue siendo la norma en el momento en que se enfrenta con situaciones que no son cómodas para él”.
Hootsen también recalcó que la divulgación del número de teléfono de la periodista es preocupante por las amenazas que suelen recibir a través de sus celulares, aplicaciones y redes sociales muchos comunicadores que trabajan en México. Como ejemplo, mencionó que la CPJ ha registrado desde enero al menos 10 casos de amenazas de muerte e intimidación contra periodistas en el país.
“Cualquier persona que quiera callar a la periodista le puede mandar un mensaje de intimidación”, dijo el representante del CPJ, y agregó que “una sola amenaza que reciba tiene un impacto muy fuerte”.
En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más violentos para el ejercicio del periodismo. En 2023 fueron asesinados al menos cinco periodistas y otros 15 en 2022, que fue considerado el año más mortífero para la prensa mexicana en al menos tres décadas.
Tras la polémica que desató la publicación del número telefónico de la comunicadora, el INAI —organismo autónomo garante del acceso a la información y la protección de datos personales en México— anunció la apertura de una investigación de oficio para determinar si la acción viola los principios y deberes de la ley local de protección de datos personales.
El mes pasado el INAI inició otra investigación por la filtración en internet de los datos personales de 263 periodistas que acuden a la conferencia matutina. El gobierno determinó que los datos fueron robados por un exfuncionario federal mediante una clave de acceso que no había sido dada de baja.
Durante su sexenio, López Obrador ha atacado en otras ocasiones al INAI y ha minimizado el valor de su labor, al grado que este mes presentó una iniciativa en el Congreso para eliminar ese organismo junto con otras dependencias autónomas.
El INAI enfrentó una crisis el año pasado luego de que el Congreso, controlado por el oficialismo, se negara a designar algunos de los reemplazos de la actual directiva, lo que puso al organismo a las puertas de un cierre técnico. Se superó la situación cuando la Suprema Corte de Justicia autorizó que opere de manera extraordinaria sin la totalidad de sus siete integrantes.
Durante sus más de tres décadas de carrera política, López Obrador ha mostrado un carácter confrontativo ante las críticas a sus decisiones. Su mandato culminará en septiembre.
Con relación al contenido del reportaje, el mandatario agradeció al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden por informar que no hay ninguna investigación activa en su contra. López Obrador descartó que vaya a ejercer acción legal alguna contra el medio estadounidense por la publicación, pero se preguntó quién va a reparar el daño “a mis hijos, que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico”.
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